Decadencia y Regeneracionismo: los cambios políticos en la España Finisecular

Juan Antonio Cano García
Ricardo M. Martín de la Guardia
Guillermo Á. Pérez Sánchez



El sistema de la Restauración en la encrucijada

Durante los años de la Regencia de María Cristina y el inicio del reinado de Alfonso XIII se sucedieron en España una serie de cambios políticos que habrían de tener una notable trascendencia posterior. Por una parte, la elite gobernante apostó por ampliar la base del sistema al aprobar una legislación políticosocial de envergadura; por otra, fueron desarrollándose nuevos movimientos políticos, algunos, como los republicanos, ya tradicionales en la reciente historia de España, si bien renovados en sus planteamientos estratégicos. Otros, por otra, representaban aspiraciones nuevas, como los partidos y organizaciones de clase, en consonancia con las transformaciones económicas operadas en el país. Finalmente, las agrupaciones nacionalistas comenzaron a reclamar una nueva organización del Estado sobre pilares diferentes al concepto centralista sustentado por los partidos dinásticos de la Restauración.

Pese a sus carencias, el sistema creado por Cánovas se mantuvo inalterable en tanto que garantizaba el orden social y lo hacía compatible con una defensa formal de los principios básicos del liberalismo consagrados en la Constitución de 1876. El régimen había logrado eliminar el exclusivismo de partido que había sido una de las razones del fracaso del primer experimento de monarquía parlamentaria durante el reinado de Isabel II. Como ha escrito Carlos Seco «la política de realidades no exigía sólo programas tecnocráticos -como se habría dicho mucho tiempo después-, sino renuncia al juego de ficciones en que venía resumiéndose la práctica constitucional y la imagen de los partidos llamados dinásticos. Ahora bien, la gran virtud del sistema canovista había radicado en el transaccionismo, en la tolerancia mutua, llevada a todos los aspectos de la vida nacional; y el transaccionismo -eclecticismo se le llamaría también, con terminología que Cánovas aceptaba gustosamente- implicaba, a su vez, la renuncia, por unos y otros, a aquellos principios que más radicalmente reflejaban la imagen auténtica de las ideologías atemperadas en el Pacto del Pardo» [Seco Serrano: 1995].

Según José Luis Comellas, el sistema de la Restauración estaba fundamentado en un «par ejecutante» y un «par depositario» [Comellas: 1961]. Este último estaba formado por el Rey y las Cortes, instituciones llamadas a entenderse en tanto que el monarca representaba el principio de cohesión entre todas las fuerzas en presencia, mientras que las Cortes encarnarían el principio de libertad. El «par ejecutante» se correspondía con los partidos políticos, con la práctica del turno, y en su perfecto entendimiento se basaba la estabilidad del régimen. En esencia, estamos ante un ejercicio del poder fundamentado en las dos confianzas: los partidos dinásticos necesitan la confianza del Rey y de las Cortes, expresada en la llamada del monarca al jefe del partido de turno para que formara gobierno; las elecciones posteriores, con la mayoría surgida de las mismas, confirmaban dicho mandato.

La nueva etapa abierta después del «Desastre» de 1898 fue en muchos sentidos crítica, pero no trajo consigo el desmoronamiento del sistema canovista al no existir todavía movimientos de oposición lo suficientemente fuertes como para constituir una alternativa real. Así, los intentos de renovación que siguieron al cambio de siglo fueron protagonizados por «hombres del sistema», si bien el protagonismo recaería en aquellos que, en cierta medida, se habían mostrado más disconformes con ciertas prácticas del sistema. Fue el caso de Francisco Silvela o el de Antonio Maura, quien articuló un programa sinceramente reformista, aunque fracasara en su intento de llevarlo a cabo por la fuerte oposición que suscitó tanto en el interior de su propio partido como entre los sectores más contestatarios al régimen.


Los partidos del turno y la oposición al sistema

A partir de 1880, el sistema político de la Restauración vivió su momento culminante, toda vez que se consolidaron los principios básicos de su funcionamiento, los cuales, de hecho, se mantendrían inalterables hasta la segunda década del siglo XX, cuando entren en una crisis definitiva con el establecimiento en 1923 de la Dictadura de Primo de Rivera. Fue en la década de los ochenta cuando las principales amenazas del régimen perdieron fuerza: por un lado, el carlismo, derrotado en el campo de batalla, perdía los apoyos del Vaticano, al optar la Santa Sede por distanciarse del integrismo y promover el necesario entendimiento entre la jerarquía eclesiástica española y los representantes del Estado restauracionista, lo que facilitó la participación de los católicos en la vida política. El republicanismo, por el otro, vio truncados sus intentos de derribar la monarquía por la vía revolucionaria tras el fracaso de los pronunciamientos de 1883 y 1886, cuya consecuencia fue el cambio de su estrategia política.

El turno pacífico de partidos fue una realidad efectiva desde 1881, cuando los partidos Conservador y Liberal alcanzaron su configuración definitiva bajo las jefaturas de Cánovas y Sagasta, que habían logrado incluso integrar a sectores en principio opuestos a la Restauración alfonsina. Estos dos grandes partidos compartían una serie de principios básicos -el orden social o la defensa de los derechos fundamentales- basados en la Constitución de 1876, que se manifestó como garantía de una estabilidad que se conjugaba con la flexibilidad para adoptar una serie de principios provenientes del liberalismo democrático que había inspirado la Revolución de 1868.

Por otra parte, el régimen continuaba asentado en una estructura fuertemente oligárquica, con unos partidos que no representaban a la población, sino que se articulaban en torno a notables (desde las jefaturas nacionales de los mismos a los caciques locales), y cuyo fin era asegurar la permanencia de las instituciones a cambio de otorgar ciertas prebendas. A este respecto, las elecciones eran instrumentos en manos del partido que obtuviera el poder por la «confianza regia» para formar un parlamento dócil que le permitiera llevar a cabo su programa de gobierno. La Ley del Sufragio Universal masculino (1890) no significó una transformación radical de esta realidad, sino que fue utilizada por los partidos dinásticos para reforzar los mecanismos tradicionales que les permitían hacerse con el poder.

Desde comienzos de los años noventa, la estabilidad se hizo presente debido a las crisis internas de los partidos del turno, incapaces de hacer frente con eficacia a las nuevas realidades del país. Al incrementarse la tensión social, una de cuyas manifestaciones fue el desarrollo del terrorismo anarquista, se paralizó el espíritu reformista de la década anterior. Por si fuera poco, la guerra de ultramar y el «Desastre» de 1898 sentaron las bases para una profunda reflexión crítica sobre la realidad del sistema político y sus posibilidades de reforma para adaptarlo a los nuevos tiempos.

Como apuntábamos antes, el sistema político de la Restauración se apoyaba en la existencia de dos grandes partidos que aceptaban una serie de principios comunes: monarquía constitucional, derechos individuales, orden social o respeto a la propiedad privada. Con ello se pretendía integrar en el régimen a la mayor parte de los sectores políticos que desde la derecha se acercaran al Partido Conservador de Cánovas y desde la izquierda al Partido Liberal de Sagasta. No obstante, ambas organizaciones pueden incluirse dentro del concepto de «partidos de notables» al no nutrirse de grandes masas sino de un número reducido de personas con influencia social y económica.

Esta elite política actuaba en función de los intereses de la oligarquía económica y social, importante grupo de presión formado por los grandes propietarios agrícolas y la alta burguesía, y que en ocasiones no participaba directamente en la política sino que utilizaba a una serie de políticos profesionales provenientes de las clases medias para la defensa de sus intereses.

El Partido Conservador nació de los grupos que apoyaron la Restauración alfonsina. Así, no puede olvidarse la labor desarrollada por Cánovas durante el Sexenio Revolucionario al agrupar a antiguos miembros de la Unión Liberal y del Partido Moderado, si bien la jefatura de Cánovas hizo posible una ruptura con los planteamientos tradicionales de esas organizaciones al apostar por un régimen de nuevo cuño. De modo semejante, en 1884 se incorporó el grupo católico encabezado por Alejandro Pidal, escindido del carlismo.

El Partido Liberal surgió desde la izquierda para ser el contrapeso del Conservador. Tras una primera unión de Constitucionalistas (Sagasta), defensores de los principios de la Carta Magna de 1869, y Centralistas (Alonso Martínez), y tras la adhesión del General Martínez Campos, apartado del Partido Conservador por sus diferencias con Cánovas, quedó constituido el Partido Fusionista. Finalmente, con la entrada de los antiguos radicales y demócratas, el Partido alcanzó su formulación definitiva en 1885, con un programa que agrupaba a familias políticas muy heterogéneas y sobre el que se basaría su actuación política durante el Gobierno largo de Sagasta.

Desde 1881, la alternancia en el gobierno se repitió de manera matemática sin que las crisis sucesivas que afectaron al sistema (muerte de Alfonso XII, asesinato de Cánovas, Desastre colonial) alterasen el mecanismo tradicional: el Rey otorgaba el poder a aquel partido que mejor garantizase la estabilidad con el compromiso de que desde el Gobierno organizase las elecciones de las que resultara elegido un Parlamento dócil sustentador de la política gubernamental.

Junto a los partidos dinásticos, existían otros grupos al margen del turno, cuya fuerza era insuficiente para constituirse en alternativa real al mismo, pero con una presencia activa en la vida política e institucional tanto local como, en casos puntuales, nacional. Estos partidos articulaban una parte importante de su discurso en la denuncia del fraude electoral, sin que sus críticas constituyeran una amenaza seria para el sistema, por lo que éste toleraba su presencia.

Entre estos grupos destacaban los sectores republicanos, divididos internamente en sus planteamientos políticos con respecto a la concepción del Estado -unitaria o federal- así como a los estratégicos -revolucionarios o reformistas-, división que continuaría a pesar de los intentos de unificación para crear una única fuerza política. A comienzos de siglo sobresalió el papel de la Unión Nacional Republicana, dirigida por Nicolás Salmerón, y que logró obtener cierto respaldo en las elecciones de 1903, además del apoyo de destacadas personalidades intelectuales. Sin embargo, este partido no acabó de consolidar su presencia en la vida pública española porque los partidos de clase limitaron sus apoyos entre los grupos populares y el desarrollo del catalanismo le restó fuerza en una de las regiones en donde tradicionalmente había contado con más adhesiones. Junto con la Unión Nacional Republicana, el Partido Republicano de Lerroux tuvo una incidencia notable gracias a su discurso anticlerical y populista, muy del gusto de las clases obreras, principalmente en Barcelona y Madrid.

La otra fuerza de oposición importante, el carlismo, sufrió después de la derrota militar la pérdida de confianza de la jerarquía eclesiástica. Este hecho generó nuevas escisiones en su seno, como la ya citada de Pidal, partidario del reconocimiento de la monarquía liberal como medio de frenar la revolución; o la integrista de Ramón de Nocedal (1888), de componentes tradicionalistas mucho más acusados que los del propio pretendiente Carlos VII, a quien los integristas consideraban incluso proclive al liberalismo.


El programa reformista del Partido Liberal

El Partido Liberal fue el protagonista principal de los cambios políticos vividos a partir de 1886. Ya desde la etapa anterior de gobierno (1881-1884), los liberales, con Sagasta al frente, dieron claras muestras de aperturismo con medidas tales como la reincorporación en 1875 de profesores apartados de la Universidad, la autorización de actos en conmemoración de la I República y una nueva Ley de Imprenta, creadora de un marco jurídico más favorable a la libertad de expresión, además de decretar una amnistía para los procesados por delitos de opinión.

A pesar de todo, será a lo largo de los años del Parlamento largo (1886-1890) cuando se manifieste de manera más explícita esta actitud reformista cuyo fin era consolidar el sistema político liberal y favorecer el desarrollo del capitalismo. En esta línea deben entenderse los nuevos Códigos de Comercio y Civil, las leyes de Asociaciones, del Jurado y, sobre todo, la reimplantación del sufragio universal masculino, aspiraciones tradicionales del progresismo español. También quedó en el haber de los gobiernos liberales la definitiva abolición de la esclavitud en Cuba, gracias a la reforma Gamazo (1888), que introdujo además un tímido intento de reformas de carácter administrativo en la Isla. Sin embargo, el Gobierno no pudo llevar adelante los ambiciosos programas del general Cassola de reformar las fuerzas armadas e implantar un auténtico servicio militar obligatorio. La importancia de este periodo ha sido percibida por Andrés-Gallego, para quien los liberales «ejercieron el poder después de haber salvado las amenazas que se habían esbozado contra el sistema a la muerte del rey, y terminaron de institucionalizarlo en sentido liberal. Para explicar este hecho se ha aducido una razón personal de evidente importancia: el talante de los dos principales personajes de aquel periodo, el jefe del Gobierno y la reina. Sagasta, se ha escrito con acierto, supo conjugar un orden de preocupaciones de hombre de Estado, por encima de todo partidismo, con la defensa de un programa que en la España de entonces (e insistamos que en casi todo el resto de Europa) parecía lleno de cadencias revolucionarias. Y se preocupó por salvar e incluso forjar el prestigio de la regente. María Cristina de Habsburgo, por su parte, iba a llevar a cabo una de las gestiones más prudentes que pueden recordarse en la jefatura del Estado español de los dos últimos siglos» [Andrés-Gallego: 1981].

Con todo, este proceso reformista no pasó de ser una liberalización formal, incapaz de hacer frente a las nuevas fuerzas sociales y políticas surgidas en los años finiseculares, especialmente el movimiento obrero internacionalista y los nacionalismos periféricos, cuyas reivindicaciones no pudo asimilar el régimen porque atentaban contra sus fundamentos constituyentes.

El Partido Liberal también quiso dejar su impronta en el diseño de la política exterior. El objetivo del ministro Moret fue romper con la política conservadora de aislamiento mediante el acercamiento a la Triple Alianza para contrarrestar la influencia francesa, lo que favorecía el papel hegemónico que desempeñaba el Imperio Alemán en la política europea. De poco sirvió el cambio de política al estallar la guerra con los Estados Unidos de Norteamérica, conflicto durante el cual España no contó con respaldo diplomático entre las potencias europeas. Más acertada fue la política desplegada ante la Santa Sede puesto que la moderación de los liberales en el poder sirvió para distender las relaciones Iglesia-Estado, uno de los focos de tensión más grave de las décadas previas.


El sistema puesto a prueba: los difíciles años finiseculares

Como se ha afirmado en repetidas ocasiones, durante el año 1890 el sistema bipartidista entraba en su plenitud con la vuelta de los conservadores al Gobierno, quienes desde sus primeras actuaciones asumieron las líneas generales del legado reformista. No obstante, desde el inicio de la década asistimos al debilitamiento de los partidos dinásticos, debido a las tensiones internas dentro de los mismos, y a los primeros brotes serios de contestación ante la escasa modernización de los comportamientos políticos después de la implantación del sufragio universal masculino. A ello se unió el aumento de la conflictividad social y la consolidación paulatina del movimiento obrero organizado, tanto anarquista como socialista, en vista de los derroteros que iba tomando la «cuestión social». Finalmente, el estallido de insurrecciones en Cuba y Filipinas contribuyó a agravar la situación política general del país.

A pesar de todas estas dificultades, el sistema de turno siguió funcionando en sus aspectos básicos. La ficción electoral no dejó de crear mayorías parlamentarias favorables al partido gobernante, incluso después de la implantación del sufragio universal en 1890. Paradójicamente, España pasaba a ser uno de los países donde era mayor el porcentaje de población con derecho al voto y, sin embargo, «la lacra del caciquismo» continuó sin erradicarse. Estos comportamientos agudizaron las diferencias de talante político entre el campo y la ciudad. Aunque la ampliación del sufragio afectara fundamentalmente a las zonas rurales, las estructuras caciquiles impidieron una renovación tanto de hombres como de prácticas políticas; mientras que en las grandes ciudades las fuerzas de oposición al sistema de turno fueron minando las redes clientelares tradicionales y lograron paulatinamente hacerse con una presencia mayor en las instituciones.

Los intentos de Francisco Silvela por acabar con el fraude electoral mediante una estricta neutralidad gubernamental fracasaron ante la oposición de sus propios correligionarios, atrapados por el sistema caciquil que ellos mismos habían contribuido a crear. La debilidad de los partidos dinásticos impulsó el ascenso republicano entre la población de las grandes ciudades, contribuyendo de este modo a frustrar la regeneración del sistema desde dentro.

El Partido Liberal se enfrentó con problemas similares dado lo heterogéneo de su configuración. En 1893 Sagasta asumió de nuevo la jefatura de un Gobierno cuyo hombre fuerte era Germán Gamazo, titular de la cartera de Hacienda y promotor de una serie de medidas de austeridad presupuestaria contestadas desde distintos sectores económicos con influencia en el país. Tampoco prosperaron las medidas reformistas de Maura al frente del Ministerio de Ultramar. Su intención era llevar a cabo un cambio sustancial de las relaciones entre la metrópoli y las colonias, sobre todo Cuba. Preparó un proyecto de autonomía efectiva para la Isla con el objetivo de asentar allí los principios del régimen liberal vigentes en la península y, conseguir así el apoyo de una parte extensa de la población. Ante el escaso respaldo de su propuesta, el proyecto fracasó en 1893, y las tesis proindependentistas ganaron cada vez más adeptos entre los cubanos.


Las consecuencias de «Desastre» de 1898: Los planteamientos del Regeneracionismo

Una de las consecuencias de la pérdida española de sus últimas colonias en 1898 fue la generalización de la crítica al sistema político, un sistema que se mostraba ineficaz para afrontar las necesidades reales de la España de comienzos de siglo. Las invectivas contra el desajuste existente entre una sociedad en trance de modernización -aun cuando el ritmo de ésta fuera lento- y un régimen político todavía asentado sobre el caciquismo, sin embargo no afectaron a los fundamentos del mismo ya que grupos que podían capitalizar el descontento carecían todavía en esos momentos de la fuerza suficiente para poner en peligro la Restauración. Por su parte, los partidos dinásticos conocerán el relevo de las figuras protagonistas de la vida política española del último cuarto del siglo XIX, aunque la nueva generación en ascenso continuaba considerando válidos los postulados constitucionales de 1876, si bien con la necesaria acomodación entre la España oficial y la España real.

La conciencia crítica generada por el Desastre se canalizó en buena medida a través del «regeneracionismo», término ambiguo por cuanto fue utilizado desde muy diversos ámbitos y por muy distintas personas, cuyo punto de encuentro era la lucha por una transformación del sistema político con el fin de ampliar los apoyos del régimen para dar entrada en él a fuerzas sociales que hasta entonces habían estado al margen del mismo, así como para apostar por la modernización socioeconómica del país.

El regeneracionismo dominó la política española durante las primeras décadas del siglo XX. Como tal idea modernizadora estimuló tanto a algunas de las fuerzas sustentadoras de la Restauración -el propio Alfonso XIII había sido definido en ocasiones como un Rey regeneracionista- como a los grupos excluidos de la misma, cuyos planteamientos iban más allá de una reforma superficial del régimen.

Según sus defensores, para salvar España del naufragio colectivo era necesario regenerar la vida pública en todos los órdenes: dar sentido a la práctica de la política, conseguir el desarrollo y modernización del sistema económico, terminar con la miseria general de los grupos populares campesinos y urbanos o llevar la instrucción a todos los sectores de la población. Sólo realizando tales medidas se podrían desterrar del suelo patrio las lacras de toda una época de «oligarquía y caciquismo», según sentenciara Joaquín Costa [Costa: 1975]. Los postulados de Costa, que tendían a reivindicar una estructura más justa de la propiedad, condición básica para impulsar el desarrollo económico que hiciera posible «despensa y escuela» para todos, tuvieron en Ricardo Macías Picavea o en Julio Senador a sus más firmes valedores. Fue éste último quien más crudamente alertara a sus conciudadanos sobre la gravedad de la crisis que atravesaba la sociedad del momento: «No hay nada más brutal que la verdad desnuda y a mí, en conciencia, me parece que así debo decírtela como protesta contra la realidad actual porque ya es ignominioso continuar soportando en silencio el espectáculo de esta miseria infamante que unos pocos imponen a todos los demás por medio de la franca violencia; y es afrentoso prestarse a consentir en calma que una desvergonzada expoliación y un incalificable abuso de la fuerza nos vayan empujando sin cesar hasta el último grado de envilecimiento.» [Senador: 1992].

El repudio de oligarcas y caciques vehementemente proclamado por los regeneracionistas terminó por alcanzar al propio régimen de la Restauración que, en opinión de estos pensadores, hacía posible la existencia de aquellos. Por ello importantes sectores sociales perdieran su confianza en el sistema político liberal parlamentario, con el consiguiente perjuicio para la modernización de las estructuras políticas. Los regeneracionistas no lograron forzar el cambio de rumbo deseado, y el país en su conjunto entró en una fase de descomposición que ni la llegada del «cirujano de hierro» logró detener.

En definitiva, el regeneracionismo como fuerza política fracasó en su intento de llevar a buen puerto la ansiada renovación de la vida pública puesto que no alteró las prácticas viciadas del sistema (fraude electoral, caciquismo, corrupción generalizada, etc.). Sin embargo, su carácter de «elemento reformador» de la vida política española perduraría en el ánimo de algunos gobernantes del momento y también posteriores.


El regeneracionismo gubernamental

El primer Gobierno constituido después del Desastre hizo suyo el afán reformista sentido por la sociedad española. Así, la llegada de Francisco Silvela al poder (1899-1900) mostró, según Juan Pablo Fusi [1996 y 1997], cómo los conservadores estuvieron más en consonancia con el sentir de los regeneracionistas que el Partido Liberal, cuya organización sufría por entonces una importante crisis tanto de liderazgo como de definición política, no superada hasta el nombramiento de Canalejas como jefe del Gobierno.

La propia figura de Silvela representaba una esperanza de renovación después de que algunos años atrás fuera un señalado contestatario dentro de las filas conservadoras, sobre todo, por su firme oposición al caciquismo. Su programa de Gobierno incluía un vasto campo de reformas. En materia social, se pretendió, en primer lugar, mejorar la educación en todos los niveles potenciando el Ministerio de Instrucción Pública que, fiel al espíritu de los tiempos, emprendió una lucha denodada contra la lacra del analfabetismo; en segundo, impulsar una mejora de las condiciones laborales inspirada en la doctrina social de la Iglesia, especialmente en relación con el trabajo de mujeres y niños. En materia económica, el objetivo consistió en reformar a fondo la Hacienda pública por medio del control del gasto público, el equilibrio presupuestario y un sistema fiscal más justo. Sin embargo, la falta de acuerdo sobre su aplicación entre los miembros del propio gabinete y los intereses particulares de importantes grupos de presión, sobre todo los propietarios e industriales catalanes, frustró su consolidación. Aunque la brevedad en el ejercicio del poder le impidió a Silvela poner en marcha otra serie de medidas reformistas, empezando por la descentralización administrativa, el Gobierno contribuyó a la estabilidad del sistema y apagó un posible foco de contestación militar.

El ascenso al trono de Alfonso XIII en 1902, que debía abrir una nueva etapa en la historia de España, coincidió con un momento especialmente delicado para los partidos dinásticos, sin que el nuevo monarca fuera capaz de terminar con las viejas disputas personalistas. Con la desaparición de Cánovas y Sagasta tanto conservadores como liberales estaban inmersos en un proceso de reestructuración interna para adecuar las estructuras de sus organizaciones a la nueva realidad del momento y recuperar así la confianza de la sociedad española en su conjunto, objetivo que no lograron.

Como ya hemos apuntado, fue el Partido Conservador, con Silvela al frente, quien primero hizo suyos los ideales regeneracionistas con el propósito de aplicar la reforma radical que el sistema de la Restauración necesitaba, una vez que España había dejado de ser una potencia ultramarina. Sin embargo, al abandonar Silvela la actividad pública, le correspondió a Antonio Maura tomar el relevo de aquél en sus postulados reformistas.

Tanto al frente del Partido Conservador como en el cargo de jefe del Gobierno (1903-1904 y 1907-1909), Maura se distinguió siempre por sus afanes regeneracionistas. Esta creencia en la necesidad de renovación del sistema le llevó a impulsar desde arriba las transformaciones que, a su juicio, el país demandaba. Su objetivo era coadyuvar a la modernización de las estructuras socioeconómicas y facilitar el ascenso de las clases medias para evitar las convulsiones revolucionarias que amenazaban a las sociedades menos desarrolladas. En otro orden de cosas, Maura también pretendió llevar a cabo un importante cambio en las instituciones para desterrar las prácticas caciquiles, y hacer del Estado un instrumento eficaz al servicio de la sociedad. Estos cambios debían servir, finalmente, para regenerar los partidos políticos tradicionales y convertirlos en auténticas organizaciones de masas. Pero la falta de apoyo y la desconfianza que Maura recibió de sus propios compañeros de partido, junto a la incapacidad del Partido Liberal para encontrar en estos momentos cruciales un dirigente de prestigio comparable al líder conservador, influyeron decisivamente en el fracaso de la «revolución desde arriba», cuya consecuencia fu la inestabilidad sociopolítica crónica que no dejaría ya de sufrir España durante las dos décadas siguientes.


En los márgenes del sistema: los otros regeneracionismos

En estos mismos años, las fuerzas políticas situadas en los márgenes del sistema -republicanos, socialistas y regionalistas o nacionalistas- afrontaron el nuevo siglo con el reto de ampliar su influencia, aprovechando la debilidad del sistema restauracionista. Socialistas y republicanos habrían de esperar a la segunda década del siglo para cumplir sus expectativas de fortalecimiento y arraigo popular (fue en 1909 cuando se formó la conjunción republicano-socialista). El catalanismo, y en menor medida el nacionalismo vasco, sí lograron en estos años articular un movimiento pujante capaz de enfrentarse a los partidos dinásticos en sus respectivos ámbitos territoriales e impulsar así un regeneracionismo autóctono. Rasgo común de estas fuerzas constituían la defensa del particularismo institucional y el apoyo de una tradición cultural propia, rescatada a lo largo del siglo XIX.

Los regionalistas aprovecharon las consecuencias del Desastre de 1898 para ofrecer y potenciar cauces de actuación política propia. Jover Zamora estima que el descubrimiento de la región, de la nacionalidad, a partir de estos años, trajo consigo un renacimiento de las culturas regionales no castellanas, además de poner de relieve la denominada por él «triplicidad esencial de España», en correspondencia con tres lenguas diferentes: la Corona de Portugal con el galaico-portugués, la de Castilla con el castellano y la Corona de Aragón con el catalán-valenciano-balear. La primera y la tercera estuvieron supeditadas al castellano hasta bien entrado el siglo XIX, momento en que el romanticismo nacionalista las puso en boga [Jover Zamora: 1983]. A partir de este momento, y especialmente con la llegada del nuevo siglo, las tendencias nacionalistas aunaron una toma de conciencia regional -sentimiento de diferencia con respecto al resto del Estado-, un modelo de desarrollo económico propio, una formulación política autonómica y la recuperación cultural peculiar de cada región como sustento del hecho regionalista o nacionalista.

En el caso de Cataluña, la Renaixença, movimiento de recuperación y afirmación cultural, influyó directamente en el catalanismo político. El Memorial que Valentín Almirall dirigió en 1885 a la Corona es considerado como uno de los primeros documentos de tinte catalanista en donde se reclamaba el respeto a las peculiaridades del Principado, la defensa del proteccionismo económico y el reconocimiento del derecho al autogobierno. En esta misma línea, tres años después, la Lliga de Catalunya volvía insistir ante la Regente con un nuevo manifiesto en el que reivindicaba la restauración de instituciones tradicionales catalanas y la cooficialidad de la lengua propia.

Otro avance en la demanda de un trato diferenciador con respecto al resto de España se consiguió de manos de los nacionalistas catalanes por medio de las «Bases de Manresa» (1892). Recogían éstas un proyecto de organización federal del Estado dentro del cual el poder central mantendría las competencias sobre las relaciones exteriores, el presupuesto y las fuerzas armadas; las regiones tendrían, por su parte, plenas atribuciones en los demás campos.

Aunque en estos primeros años el mensaje difundido por el catalanismo no contó con el apoyo explícito de la alta burguesía industrial y comercial del Principado, sí comenzó a extenderse entre ciertos sectores de las clases medias urbanas y entre los propietarios agrícolas acomodados. Academias, ateneos, liceos y otras instituciones culturales y recreativas sirvieron bien a los intereses de este nacionalismo embrionario que trataba de esta forma de ganar adeptos y legitimar su posición en la sociedad catalana. Fue a partir del Desastre cuando los principios autonomistas cobraron pleno auge. En 1901 surgió la Lliga Regionalista que, con Francisco Cambó al frente. Con un programa conservador y una práctica política de compromiso con el Gobierno de la nación, su fin era presionar a éste para obtener los máximos beneficios posibles para Cataluña. La Lliga se convirtió en el principal partido de aquella región: con el apoyo explícito de La Veu de Catalunya, su órgano de expresión, consiguió un éxito notable en las elecciones generales de 1901 al obtener cuatro diputados por Barcelona.

Pocos años después, en 1906, la aprobación de la Ley de Jurisdicciones logró aglutinar en su contra a las fuerzas políticas del Principado -excepto a los partidos dinásticos- para luchar juntas por la autonomía municipal y por el reconocimiento de una Cataluña diferenciada dentro de la estructura del Estado. Así, para acudir a los comicios electorales de 1907, formaron una coalición, Solidaritat Catalana, la cual, en un ambiente de euforia, lograría hacerse con la mayoría de los escaños de la región, con lo que el catalanismo pasó a ser una alternativa real a los partidos del turno.

Esta consolidación del catalanismo político estaba inextricablemente unida a la reafirmación cultural de la región. En 1906, el mismo año que se funda Solidaritat Catalana, publicó Enrique Prat de la Riba La nacionalitat catalana, se celebró el primer congreso de la lengua catalana y comenzó Eugenio D'Ors a publicar su Glossari. Un año después se organizó el Instituto de Estudios Catalanes con tres ejes articuladores: el Departamento histórico-arqueológico, el filológico y el científico, los resultados de cuya labor aparecerán en los Anuaris algún tiempo después. Pompeu Fabra reforma la ortografía del catalán. Todo ello no hace sino reflejar el inicio de una nueva etapa de la cultura catalana, el «noucentisme», estrechamente vinculado con la fase siguiente del nacionalismo político.

En el País Vasco, el nacionalismo tuvo su origen en la defensa de los de los fueros, anulados tras la derrota carlista de 1876. En una atmósfera de descontento por las consecuencias de la implantación del liberalismo, sobre todo entre los sectores más reaccionarios de la sociedad vascongada, Sabino Arana Goiri fundó en 1893 el Partido Nacionalista Vasco, defensor de una línea política contraria al liberalismo e imbuido de principios católicos de corte integrista y profundamente antiespañola. Sabino Arana consideraba al pueblo vasco étnicamente diferenciado, con unos rasgos culturales y antropológicos propios. Como recalca Jon Juaristi, «la actitud de Arana Goiri ante el fuerismo fue selectiva y ambivalente: recogió de él los argumentos y símbolos que tendían a reforzar las nociones de peculiaridad étnica e independencia ancestral de los vascos. Rechazó, en cambio, los elementos ideológicos que enfatizaban los lazos históricos que los unían con los demás pueblos de España. Arana no inventó tradiciones: se limitó a tamizar, mediante una lectura selectiva, las que habían creado los literatos fueristas.» [Juaristi: 1997]. No obstante, en estos primeros años del siglo el nacionalismo vasco no tendría el mismo empuje político que el catalán.